Desde hace varios días y por varias semanas más, uno de los tantos debates que habrá en muchas mesas de discusión será el de la sobrerrepresentación legislativa, que se refiere a cuando una fuerza política tiene una proporción mayor de legisladores respecto a la votación que recibió durante las elecciones.
Para conformar la Cámara baja, 300 legisladores de mayoría relativa son elegidos por votación directa en sus respectivos distritos, mientras que los otros 200 son de representación proporcional y se asignan a los partidos según su porcentaje de votación. Sin embargo, la sobrerrepresentación implica inevitablemente que otros grupos estén subrepresentados.
Para evitar una mayor concentración de poder, la Constitución establece un límite a la sobrerrepresentación: ningún partido político puede contar con un número de diputados por ambos principios que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Este desequilibrio electoral puede favorecer la polarización y afectar la representación de minorías en el Congreso.
De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo General procederá a la asignación de diputaciones federales electas por el principio de Representación Proporcional (RP), una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones interpuestas, a más tardar el próximo 23 de agosto.
En ese sentido, la RP busca que la composición del Congreso de la Unión sea lo más parecida a la votación que alcanzó cada partido político. Es decir, el objetivo es asegurar la representación de las minorías para garantizar la pluralidad política.
Cada día se suman más pronunciamientos sobre el tema. Los más recientes y que vale la pena destacar son los emitidos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes hacen un llamado al INE y al TEPJF, para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución.
“La representación proporcional constituye un mecanismo para hacer vigente el pluralismo político y que las minorías estén debidamente representadas en el seno legislativo (…) en el sector empresarial confiamos en que las autoridades electorales darán una respuesta que promueva la pluralidad política y la proporcionalidad. El respeto a los derechos de las minorías es fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes de la Unión y el espíritu de la vida democrática de nuestro país”, dijo el CCE.
Por su parte, el Consejo Mexicano de Negocios afirma que “para afrontar los retos del desarrollo, México requiere un Congreso que represente la pluralidad y riqueza del país. Una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, en la que las minorías sean representadas y escuchadas. La certeza jurídica, la prevalencia de la ley y el respeto a las libertades fundamentales, son condiciones indispensables para alcanzar un futuro mejor para todos los mexicanos”.
El debate está centrado en si la asignación de diputados de Representación Proporcional debe hacerse por coalición o por partido. Actualmente, y debido que a los partidos solo les interesan las prerrogativas, compiten por separado, aunque postulen al mismo candidato, por lo que en realidad son candidaturas comunes y no coaliciones.
Es interesante considerar que aquellos quienes hoy hablan de sobrerrepresentación, son los mismos que en 2022 votaron en contra de la iniciativa presidencial de eliminar 200 diputados y que solo hubiera 300 por representación proporcional. De haberlo hecho así, esta discusión no existiría y en una de esas, se habrían beneficiado más.
Desde hace varios días y por varias semanas más, uno de los tantos debates que habrá en muchas mesas de discusión será el de la sobrerrepresentación legislativa, que se refiere a cuando una fuerza política tiene una proporción mayor de legisladores respecto a la votación que recibió durante las elecciones.
Para conformar la Cámara baja, 300 legisladores de mayoría relativa son elegidos por votación directa en sus respectivos distritos, mientras que los otros 200 son de representación proporcional y se asignan a los partidos según su porcentaje de votación. Sin embargo, la sobrerrepresentación implica inevitablemente que otros grupos estén subrepresentados.
Para evitar una mayor concentración de poder, la Constitución establece un límite a la sobrerrepresentación: ningún partido político puede contar con un número de diputados por ambos principios que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Este desequilibrio electoral puede favorecer la polarización y afectar la representación de minorías en el Congreso.
De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo General procederá a la asignación de diputaciones federales electas por el principio de Representación Proporcional (RP), una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones interpuestas, a más tardar el próximo 23 de agosto.
En ese sentido, la RP busca que la composición del Congreso de la Unión sea lo más parecida a la votación que alcanzó cada partido político. Es decir, el objetivo es asegurar la representación de las minorías para garantizar la pluralidad política.
Cada día se suman más pronunciamientos sobre el tema. Los más recientes y que vale la pena destacar son los emitidos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes hacen un llamado al INE y al TEPJF, para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución.
“La representación proporcional constituye un mecanismo para hacer vigente el pluralismo político y que las minorías estén debidamente representadas en el seno legislativo (…) en el sector empresarial confiamos en que las autoridades electorales darán una respuesta que promueva la pluralidad política y la proporcionalidad. El respeto a los derechos de las minorías es fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes de la Unión y el espíritu de la vida democrática de nuestro país”, dijo el CCE.
Por su parte, el Consejo Mexicano de Negocios afirma que “para afrontar los retos del desarrollo, México requiere un Congreso que represente la pluralidad y riqueza del país. Una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, en la que las minorías sean representadas y escuchadas. La certeza jurídica, la prevalencia de la ley y el respeto a las libertades fundamentales, son condiciones indispensables para alcanzar un futuro mejor para todos los mexicanos”.
El debate está centrado en si la asignación de diputados de Representación Proporcional debe hacerse por coalición o por partido. Actualmente, y debido que a los partidos solo les interesan las prerrogativas, compiten por separado, aunque postulen al mismo candidato, por lo que en realidad son candidaturas comunes y no coaliciones.
Es interesante considerar que aquellos quienes hoy hablan de sobrerrepresentación, son los mismos que en 2022 votaron en contra de la iniciativa presidencial de eliminar 200 diputados y que solo hubiera 300 por representación proporcional. De haberlo hecho así, esta discusión no existiría y en una de esas, se habrían beneficiado más.